La Justicia respalda los dictámenes del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía y avala así su doctrina. Desde su puesta en marcha, a principios de 2016, se han interpuesto un total de 33 recursos contencioso-administrativos y, sólo en uno de los asuntos de las materias más controvertidas, los tribunales no han defendido su actuación.

Por tanto, la inmensa mayoría de las resoluciones de la autoridad independiente recurridas ha contado con el amparo de los tribunales, los que las han ratificado y además compartido sus argumentos en defensa de la transparencia, identificándose incluso con la doctrina expuesta por el comisionado andaluz. Así lo ha subrayado la jefa de la Asesoría Jurídica del Consejo, Marta Blázquez, durante su intervención en el V Congreso Internacional de Transparencia, que reúne en esta edición a más de 600 inscritos procedentes de 21 países.

Entre las resoluciones que han contado con el respaldo de la Justicia destaca aquella que respondía a una solicitud de información dirigida a la Consejería de Turismo y Deporte relativa a cuestiones de contratación y retribución en una empresa pública. La juzgadora, en su sentencia, subrayó que las empresas públicas están obligadas a difundir los procesos de selección de su personal, obligación vinculada además con la exigencia de dar publicidad a las convocatorias de su personal laboral.

Otro asunto de especial relevancia estuvo protagonizado por los registradores de la propiedad. El Consejo les obligó a informar del dinero público que reciben como liquidadores del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, argumento que compartía la titular del juzgado, desestimando el recurso presentado por los registradores.

La cantidad anual recibida por cada grupo político de la Diputación de Sevilla dio también el salto a la Justicia. La postura de la magistrada fue clara y se sumó a los posicionamientos del Consejo y subrayó que la documentación reclamada era inequívocamente información pública en virtud de la Ley.

De otra parte, un ciudadano pidió acceder a un expediente sancionador abierto por la Administración a Endesa. La compañía, contraria a proporcionar la información, elevó al contencioso-administrativo su desacuerdo, tribunal que falló a favor del Consejo. Pero en clara disconformidad con la sentencia, acudió al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que también resolvió en su contra y apoyó de nuevo a la autoridad de control.

Otro grupo de litigios que acabó con resultado satisfactorio para el Consejo fue el promovido por los colegios oficiales de Enfermería, a los que se le instó a facilitar las actas de los dos últimos procesos electorales celebrados en cada corporación profesional. Fueron nueve los recursos interpuestos y todos ellos -hasta la fecha se han dictado cinco sentencias- el respaldo de los jueces ha sido unánime, desestimándose todos los recursos.

El Consejo

El Consejo es la autoridad independiente de control en materia de transparencia y protección de datos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, creado por la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía. Posee personalidad jurídica propia y plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones.

Su objetivo se centra, por un lado, en velar por el cumplimiento de la normativa de transparencia pública, tanto en lo que se refiere a publicidad activa como a la defensa y salvaguarda del derecho de acceso a la información pública y, por otra, controlar el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales por parte del sector público andaluz.