El director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, Jesús Jiménez, ha destacado hoy el impacto que el uso de la tecnología puede suponer para los derechos y libertades de las personas y, en particular, en el tratamiento sus datos personales. Así lo ha puesto de manifiesto en el 'Seminario sobre Prácticas Colaborativas y Gestión del Conocimiento de las Delegaciones de Protección de Datos', organizado por el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP), foro en el que ha analizado la relación entre innovación tecnológica y políticas públicas.
De este lado, ha añadido que la relación entre la tecnología y el sector público debe requerir inversión, especialización y, por supuesto, equipos multidisciplinares, incluyendo áreas técnicas, jurídicas, de gestión y de protección de datos personales. ”Los datos que se tratan en los componentes tecnológicos pueden tener efectos diversos y proyectar incertidumbre en la protección de la persona”, ha destacado Jiménez para referirse a la “posición de desequilibrio en la que se encuentran los poderes públicos respecto de los ciudadanos”.
Por ello, ha explicado, es más “relevante” el cumplimiento por los poderes públicos de las normas de protección de los datos personales. Las Administraciones Públicas, con carácter general, deben garantizar el cumplimiento de las normas en el diseño, implantación y gestión del tratamiento, incluyendo todos sus principios como la necesidad, proporcionalidad, limitación de finalidad, minimización o la transparencia, sin olvidar la transparencia algorítmica.
Además, la Administración debe identificar los riesgos a los que se encuentra expuestos los datos personales, garantizar la seguridad y adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias que permitan eliminar o al menos mitigar a un nivel aceptable, los daños que, para los derechos y libertades de las personas, pudieran derivarse del tratamiento.
En este contexto, Jiménez ha subrayado la importancia de la figura del Delegado de Protección de Datos y su destacada labor para los poderes públicos. “Creemos firmemente que la protección de los ciudadanos, la protección de sus datos, se asienta en vosotros”, ha aseverado.
“El sector público debe fortalecer vuestra posición institucional, dotaros de recursos, posibilitando vuestra formación especializada, garantizando la independencia, facilitando así la esencial labor consultiva y de servicio a los ciudadanos”, ha apostillado para apuntar el riesgo de generar y consolidar brechas entre los distintos operadores que participan en los procesos de innovación tecnológica, como puede ser los profesionales tecnológicos, los DPDs, los ciudadanos, el personal público o la propia Administración.
En este sentido, el director ha considerado necesario “trabajar en formación y situar a todos los protagonistas, cada uno desde su rol y responsabilidad, a la altura adecuada de conocimiento tecnológico, de manera que puedan desarrollar con conocimiento y responsabilidad su labor”.
Es decir, ha concluido, se debe garantizar la plena formación del personal empleado público en el uso de las nuevas tecnologías para asegurar que la intervención humana y la garantía de una utilización ética, la plena formación de los responsables directos de la innovación y de los DPDs.
Y también garantizar la adecuada relación de los DPDs con los equipos obligatoriamente multidisciplinares que desarrollan e implementan las innovaciones tecnológicas en el sector público y con las estructuras administrativas dedicadas a la transparencia (unidades de transparencia) en la medida que la transparencia también es un principio de tratamiento de datos personales.