El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso de casación interpuesto por el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que subraya el carácter reservado de la información tributaria y restringe el derecho a acceder a la información de esos datos.

El alto tribunal andaluz prioriza así la Ley General Tributaria frente a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, señalando que sobre esta materia existe una regulación específica de acceso que se aplica con preferencia a normativa de transparencia, pronunciamiento que no comparte el Consejo, pues la ley tributaria -incluso siendo específica- “no contiene un régimen jurídico específico de acceso”, por lo que los datos de esta materia han de proporcionarse al ciudadano conforme a la legislación de transparencia.

Pues bien, el Consejo, entendiendo la importancia de determinar qué materias tienen su normativa específica de acceso y, por tanto, cuándo la legislación de transparencia se aplica de forma subsidiaria, presentó este recurso de casación ante el Supremo, tribunal que ha admitido las alegaciones de la autoridad independiente andaluza considerando que esta cuestión reviste "interés casacional". El máximo órgano judicial español resolverá este debate jurídico y sentará una doctrina que dará respuesta a esta problemática.

Sin duda, la admisión del recurso de casación interpuesto por el Consejo supone un “importante paso procesal” que determinará el régimen específico de acceso a la información de diversas materias, objeto de interés por la ciudadanía.

El Consejo

El Consejo es la autoridad independiente de control en materia de transparencia y protección de datos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, creado por la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía. Posee personalidad jurídica propia y plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones.

Su objetivo se centra, por un lado, en velar por el cumplimiento de la normativa de transparencia pública, tanto en lo que se refiere a publicidad activa como a la defensa y salvaguarda del derecho de acceso a la información pública y, por otra, controlar el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales por parte del sector público andaluz.