El director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, Manuel Medina, ha intervenido en Madrid como ponente-experto en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados para analizar la Proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, presentado por el Grupo Parlamentario de C’s, subrayando su fortalecimiento en materia de transparencia pública.

Medina ha valorado la norma que establece, entre sus objetivos, el impulso de medidas que promuevan y refuercen la transparencia, suprimiendo todas las trabas al acceso de los ciudadanos a la información pública, y que implican, por tanto, la modificación de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a información pública y buen gobierno.

En relación a las nuevas obligaciones de publicidad activa que plantea la futura Ley, el director ha creído necesario dar a las administraciones (en especial, a los municipios) un plazo de adaptación para su cumplimiento, puesto que “difícilmente estas administraciones podrían asumir esta tarea de inmediato”.

Entre otras cuestiones, la máxima autoridad del Consejo ha advertido de los “inconvenientes” que supone incorporar el silencio positivo en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, extremo que comparte la doctrina adoptada sobre la materia y habida cuenta además del negativo resultado de su aplicación en diversas leyes autonómicas.

De la misma, Medina ha considerado “muy positiva” la atribución de potestad sancionadora al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, puesto que viene a reforzar la eficacia del sistema de transparencia, como queda acreditado en la Ley andaluza, que incluye el régimen sancionador más completo de la normativa nacional en la materia.

El Consejo

El Consejo es la autoridad independiente de control en materia de transparencia y protección de datos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, creado por la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía. Posee personalidad jurídica propia y plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones. Su objetivo se centra, por un lado, en velar por el cumplimiento de la normativa de transparencia pública, tanto en lo que se refiere a publicidad activa como a la defensa y salvaguarda del derecho de acceso a la información pública y, por otra, controlar el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales por parte del sector público andaluz.