El director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, Jesús Jiménez, ha participado en el VI Congreso Internacional de Transparencia, foro que ha reunido a académicos, expertos, asociaciones y autoridades de control, los que han tenido la oportunidad de debatir y abordar los retos, avances y perspectivas de futuro de la transparencia y el derecho a saber en España y en las Comunidades Autónomas, así como la participación, la gestión pública responsable, la regulación de los lobbies o la integridad pública.

Jiménez, junto con los representantes de los órganos con funciones de garantía del derecho a la información, han suscrito una Declaración Institucional con motivo del Día Internacional del Derecho de Acceso a la Información Pública.

Declaración de Alicante:

Con ocasión de una nueva edición, la 6ª, del Congreso Internacional de Transparencia, y en conmemoración del Día Internacional del Derecho a Saber, las y los representantes de los órganos de garantía de la transparencia en el Estado español, agrupados en la Red de Consejos y Comisionados de Transparencia, queremos formular una declaración institucional llamada a promover e impulsar la transparencia y el acceso a la información pública.

Desde la Red de Consejos y Comisionados agradecemos a los organizadores de este Congreso vuestra labor en la defensa de la transparencia y en la formación de una ciudadanía exigente y libre que reclama saber, conocer, entender. Sois, por tanto, un aliado para dar un nuevo impulso a la cultura de la transparencia. Igualmente, jugáis un papel significativo en la consolidación y difusión de los criterios técnicos jurídicos que emanan de la doctrina asentada durante todos estos años de trabajo.

Eventos de esta magnitud contribuyen a la consolidación institucional, tanto de la propia Administración, -puesto que sus estructuras se encuentran al servicio de la transparencia-, como de la construcción del modelo de autoridades independientes de control.

Las tres declaraciones institucionales precedentes -Cádiz, Málaga y UNED- contenían esencialmente dos peticiones a los gobiernos, las autoridades públicas y los responsables políticos: la demanda de un impulso intenso y decidido a la implantación real y efectiva de la transparencia en el ámbito de nuestras administraciones e instituciones públicas y la solicitud de una dotación suficiente de medios a los Consejos y Comisionados para que pudieran ejercer sus competencias de forma plena.

Es evidente que, en los últimos tiempos, tanto el Gobierno del Estado como los autonómicos han desplegado medidas de calado en materia de transparencia e información pública.

Así, por ejemplo, la presencia de la transparencia y el derecho a la información pública en el IV Plan de Acción de Gobierno Abierto del Estado español o las diversas reformas y modificaciones en curso de varias leyes autonómicas de transparencia respecto de la publicidad activa de las ayudas derivadas de los Fondos Next Generation de la Unión Europea. En el ámbito de los Consejos e instituciones garantes también ha habido cambios, muchos de ellos significativos.

En 2021, además de la continuidad en la tramitación de algunas iniciativas normativas de importancia como la reforma de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunidad valenciana -que incorpora una importante modificación institucional del Consell de Transparencia-, se ha producido la renovación de la Dirección del Consejo de Transparencia de Andalucía y de la Presidencia de la Comisión vasca de Acceso a la Información.

En los últimos meses de 2020 se produjo la renovación de la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Estado y del Consejo de Transparencia de la Región de Murcia, así como la designación del Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid.

Pero es cierto que, junto con las medidas relacionadas con la organización y la continuidad de las instituciones -que, por supuesto, merecen una valoración positiva-, es necesario acometer también otras cuestiones y aspectos sustanciales.

Los Consejos y Comisionados precisamos, cada uno con diferente intensidad, de recursos para ejercer nuestras funciones de garantía y para poder defender la posición ante los tribunales frente a administraciones muy consolidadas. Esta dotación respaldaría nuestra labor realizada para la consolidación de la transparencia y el avance del derecho de la ciudadanía a conocer el funcionamiento de las instituciones públicas.

Nuestra principal función es hallar, a partir de consideraciones y criterios jurídicos, el siempre difícil equilibrio entre las exigencias de la gestión pública, destinada a responder de forma rápida y eficiente a las necesidades de la sociedad, y el derecho de la ciudadanía a conocer los pormenores de la actuación administrativa y los motivos que la justifican.

En este sentido, en la medida en que contribuye a delimitar espacios y a definir soluciones de síntesis entre las necesidades de la acción administrativa y el respeto irrenunciable a los derechos ciudadanos, no cabe duda de que la labor de los órganos garantes constituye una actividad sustancial para el progreso de la transparencia y el acceso a la información.

Esta labor de síntesis y balance -es decir de ponderación de intereses contrapuestos- que realizamos los Consejos y Comisionados ha adquirido, además, un significado especial en un momento como el presente, en el que seguimos inmersos en la pandemia derivada de la COVID-19.

Esta pandemia ha traído consigo una serie de decisiones que deben ser explicadas y puestas en transparencia en la mayor medida de lo posible para ser aceptadas plenamente por la ciudadanía.

La sociedad demanda de los poderes públicos, cada vez con mayor insistencia, el suministro de información veraz y completa sobre la marcha de la pandemia. Esta creciente demanda de información pone en tensión dos bienes jurídicos a proteger: por un lado, la eficacia de la actuación de las Administraciones Públicas en supuestos de riesgo para la salud pública, que necesita de cautelas y precauciones especiales y extraordinarias; por otro, el derecho acuciante de los ciudadanos a estar informados de la gestión de la pandemia y el deber de rendir cuentas de la actuación pública en una situación tan relevante como ésta.

Esta tensión entre la gestión eficiente de la crisis sanitaria y el suministro de información de interés general debe ser compensada, encontrando el equilibrio entre el derecho de la ciudadanía a conocer y controlar la actuación pública contra la pandemia, y la necesidad de la administración de actuar de forma ágil y eficiente en la adopción de las medidas necesarias para su contención. Y en la determinación del difícil equilibrio entre ambos, los Consejos y Comisionados de Transparencia estamos llamados a jugar -y hemos jugado- un papel destacado.

De hecho, a lo largo de este período de pandemia, los organismos e instituciones garantes de todo el mundo, a través de las organizaciones que los nuclean, hemos realizado numerosas declaraciones y manifestaciones que insisten en dos aspectos que, a nuestro juicio, resultan trascendentes en la actividad que desarrollamos.

Primero, en la importancia esencial de garantizar el ejercicio del derecho a la información sin desconocer las necesidades de eficiencia y flexibilidad de las Administraciones encargadas de combatir la pandemia y sus consecuencias y, en segundo lugar, en el papel crucial que podemos jugar las instituciones de garantía para la consecución de este objetivo.

Así mismo, en la parte más académica de este Congreso, los responsables de los órganos garantes hemos tenido ocasión de glosar algunas de las decisiones relacionadas con información vinculada a la Covid 19 y a la administración de la crisis sanitaria que hemos adoptado en este tiempo de pandemia.

En este sentido, es importante subrayar la labor de los Consejos y Comisionados de Transparencia durante la pandemia, pero también antes y después de la misma.

Hemos venido adoptando, desde el inicio de nuestra actividad, resoluciones y acuerdos que armonizan intereses contrapuestos y resuelven los conflictos jurídicos suscitados entre las necesidades de gestión de los órganos y entidades sometidos a su jurisdicción y el derecho de los ciudadanos y las ciudadanos a estar informados, Nuestras resoluciones han demostrado que es posible abrir espacios de transparencia en sectores de actividad tradicionalmente cerrados y poco afectos a los despliegues informativos, haciendo visibles algunos de los cauces y caminos a través de los que, dentro del ámbito de nuestro ordenamiento jurídico, es posible garantizar el conocimiento informado de la ciudadanía y avanzar en la rendición de cuentas.

El acervo de resoluciones y decisiones de los Consejos y Comisionados constituye la mejor prueba en este sentido y compone un corpus de doctrina jurídica estudiado por los especialistas tanto de los medios universitarios como de la sociedad civil, que invitamos a consultar a todos los y las participantes de este 6º Congreso de Transparencia.

Los Consejos y Comisionados de Transparencia del Estado Español jugamos un papel esencial en la interpretación y aplicación práctica y en la función de garantía de los derechos ciudadanos.

Es necesario, por tanto, valorar la importancia de la función de los órganos garantes para la implantación de la transparencia y la rendición de cuentas en nuestras administraciones e instituciones públicas y para el avance del derecho de acceso a la información pública en todos los sectores de nuestra sociedad.

Es conveniente una afirmación de nuestra labor ante las autoridades y órganos responsables de gestionar la publicidad activa y el acceso de la ciudadanía a la información en todos los niveles territoriales y una sensibilización específica a los funcionarios y empleados adscritos respecto de su necesidad e importancia de la misma. Y también oportuno una dotación adecuada de recursos humanos y materiales que nos permita desempeñar plenamente nuestras funciones.

Ello lleva aparejado un efecto positivo indudable en el aumento de la transparencia de las Administraciones Públicas y en la seguridad de su gestión.

De otro lado, un aspecto que debe ser explorado radica en la implantación de herramientas de arbitraje o mediación en nuestra gestión, instrumentos que se muestran valiosos y eficaces para la resolución de conflictos entre partes y que aligeran, en parte, nuestra ingente carga de trabajo.

Además, necesitamos la ayuda de todos los actores del ecosistema de la transparencia para poner en marcha todo tipo de acciones que fortalezcan el papel de la mujer en el sistema de transparencia, puesto que existe un desequilibrio de género importante en la presentación de reclamaciones y denuncias. Debemos trabajar en la participación plena de las mujeres en los procesos de transparencia, una herramienta que sin duda fomenta la igualdad.

Por tanto, la Red de Consejos y Comisionados de Transparencia del Estado español, a través de esta declaración pública formulada en Alicante en el marco del 6º Congreso Internacional de Transparencia, solicitamos de los Gobiernos y Autoridades de todos los ámbitos de Administración, de los representantes políticos nacionales, autonómicos o locales y de todas las organizaciones y fuerzas políticas, así como a la comunidad científica, un apoyo explícito a los órganos garantes de la transparencia y el acceso a la información pública para continuar avanzando en la cultura de la transparencia y acceso a la información pública, acorde con el nuevo escenario y las nuevas exigencias.