El director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, Manuel Medina, ha mantenido en Sevilla un encuentro con la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España, para abordar el estado en el que se encuentran las instituciones andaluzas ante la inminente entrada en vigor del Reglamento europeo el próximo 25 de mayo.
En esta reunión Medina ha mostrado su preocupación por el “muy deficiente” grado de adaptación de las instituciones de la Comunidad ante la nueva normativa, de modo que espera que en los próximos meses las entidades públicas asuman los nuevos requerimientos y obligaciones que impone el Reglamento europeo.
Durante esta reunión de trabajo también han abordado la situación del Consejo y su falta de asunción de las competencias en esta materia, que se continuará ejerciendo desde la Agencia estatal hasta que se aprueben y ejecuten las disposiciones pertinentes por parte del Gobierno andaluz. El ejercicio efectivo de esta competencia se ha diferido sin fijarse plazo alguno.
No obstante, Medina le ha traslado a la directora que el Estatuto de Autonomía, que entró en vigor el 20 de marzo de 2007, reconoce explícitamente el “derecho de todas las personas al acceso, corrección y cancelación de sus datos personales en poder de las administraciones públicas andaluzas”. Y, en consonancia con la consagración de este derecho, el texto estatutario atribuyó expresamente a la Comunidad Autónoma la titularidad de la competencia en la materia. Posteriormente, la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía asignó dicha competencia al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, a pesar de lo cual el Ejecutivo andaluz no ha dado los pasos necesarios para su asunción efectiva.
El nuevo reglamento europeo
El nuevo marco normativo otorga un mayor grado de control a los ciudadanos sobre su información privada e introduce cambios que inciden tanto en el alcance del derecho como en la lógica del sistema de supervisión e, incluso, aporta importantes novedades que pueden tener un notable impacto en las propias instituciones andaluzas (así, por ejemplo, la creación de la figura del delegado de protección de datos en los entes públicos y en muchas empresas privadas).
El Consejo
El Consejo es la autoridad independiente de control en materia de transparencia y protección de datos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, creado por la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía. Posee personalidad jurídica propia y plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones. Su objetivo se centra, por un lado, en velar por el cumplimiento de la normativa de transparencia pública, tanto en lo que se refiere a publicidad activa como a la defensa y salvaguarda del derecho de acceso a la información pública y, por otra, controlar el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales por parte del sector público andaluz.