El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía registró el pasado 2017 un total de 767 asuntos (495 reclamaciones de derecho de acceso a la información pública y 272 denuncias sobre publicidad activa), lo que supone más que duplicar las cifras de 2016, año en el que se inscribieron 300 asuntos.

Así lo ha puesto de manifiesto el director del Consejo, Manuel Medina, quien ha comparecido en el Parlamento de Andalucía para presentar el Informe Anual de Actuación 2017 y desgranar los datos del pasado ejercicio, año que ha supuesto la consolidación del Consejo con una importante evolución en su actividad.

Por lo que respecta a las resoluciones dictadas por el órgano de control, tanto de reclamaciones de derecho de acceso a información como de denuncias de publicidad activa, alcanzaron un total de 198, frente a las 154 del pasado ejercicio, experimentando un incremento cercano al 30%.

Reclamaciones de derecho de acceso a información

Si se analizan las reclamaciones de derecho de acceso a información pública, que sumaron un total de 495, esta cifra también duplica los números de 2016, año en el que se registraron 233. El órgano reclamado mayoritariamente fue las entidades locales (74,1%), frente a la Junta de Andalucía (21,6%), produciéndose un cambio significativo con respecto al año anterior, cuando las entidades locales aglutinaban el 42% y la Junta, el 51%.

En relación a las consejerías reclamadas, la de Educación concentra el 24% de las reclamaciones, seguida de Empleo, Empresa y Comercio, con un 16%, y de Hacienda y Administración Pública, con un 13%.

Las reclamaciones fueron presentadas principalmente por personas físicas (80%) frente al 20% de personas jurídicas. Si se analiza el género de las personas físicas, los hombres representan un 83% frente al 17% de las mujeres, cifras muy similares a las de 2016. En cuanto a las personas jurídicas, el 46% son asociaciones y el 34% organizaciones sindicales, con porcentajes similares en 2016.

Por lo que respecta a las resoluciones emitidas, el Consejo dictó un total de 152, frente a las 143 de 2016, anotándose un ligero incremento del 6%.

Denuncias de publicidad activa

En el capítulo de denuncias de publicidad activa, se registraron un total de 272, cifra que multiplica por cuatro las registradas en 2016, año en el que se anotaron 67.

El organismo denunciado mayoritariamente en este ejercicio fue las entidades locales, con el 92%, frente al 45% de 2016. La Junta de Andalucía, por su parte, recibió sólo el 7% de denuncias, frente al 52% del pasado ejercicio. Por consejerías, la de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio acaparó el 65%, aunque disminuyó respecto a 2016, cuando representó el 86%.

En 2017 las denuncias fueron presentadas fundamentalmente por personas jurídicas (93%) frente al 7% de personas físicas. En cuanto al género de las personas físicas, los hombres representan el 68% y las mujeres, el 32%, frente al 89% y 11% respectivamente de 2016. En relación a las resoluciones, el Consejo ha dictado un total de 46 resoluciones, multiplicando por cuatro las cifras del ejercicio anterior (11).

Hechos destacados en 2017

Por otro lado, el director del Consejo ha aprovechado su intervención en el Parlamento para subrayar algunos hechos destacados que han tenido lugar en 2017. En primer lugar, ha remarcado la constitución de la Comisión Consultiva, acto que se celebró el pasado 15 de mayo presidido por el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, y por el presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán. La Comisión Consultiva, órgano independiente de asesoramiento y consulta, que se reúne con carácter trimestral, celebró durante 2017 dos sesiones ordinarias (julio y octubre) y una extraordinaria a distancia (noviembre).

Medina también ha puesto de relieve otro hecho importante del pasado 2017: la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), adaptada a las necesidades reales del Consejo y a la actividad del órgano. La RPT, aprobada el 10 de agosto y adecuada a la estructura del Consejo, se compone de un total de 27 personas de alto perfil profesional.

De igual forma, el director ha trasladado la situación actual que atraviesa el Consejo en materia de protección de datos. Aún no se ha producido la asunción efectiva de esta competencia a pesar de estar recogido, de forma expresa, en el Estatuto de Autonomía (artículo 82) y en la Ley de Transparencia Pública de Andalucía. Así, el director ha lamentado que las peticiones ciudadanas de este área tengan que ser derivadas a la Agencia Española de Protección de Datos, haciéndose cargo un organismo estatal de asuntos que afectan a los servicios públicos que prestan la Comunidad Autónoma y los municipios andaluces.

Finalmente, Medina esbozó algunas de las líneas trazadas para este 2018, entre las que destacó la reciente puesta en marcha del Plan de Control e Inspección que, dividido en cuatro líneas de actuación, se marca como objetivo examinar el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa del sector público y establecer recomendaciones y mejoras para los sujetos obligados. Su actuación se centrará en las entidades locales, la Junta de Andalucía, las universidades, los entes beneficiarios de subvenciones superiores a 100.000 € y las federaciones deportivas.

El Plan, que prevé alrededor de 250 actuaciones, supondrá un incentivo para que los sujetos obligados cumplan con los requerimientos que, en el ámbito de la publicidad activa, fija la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, ejerciendo para ello el Consejo las competencias que tiene asignadas en materia de seguimiento y control.

El Consejo

El Consejo es la autoridad independiente de control en materia de transparencia y protección de datos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, creado por la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía. Posee personalidad jurídica propia y plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones.

Su objetivo se centra, por un lado, en velar por el cumplimiento de la normativa de transparencia pública, tanto en lo que se refiere a publicidad activa como a la defensa y salvaguarda del derecho de acceso a la información pública y, por otra, controlar el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales por parte del sector público andaluz.