El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha registrado en 2022 un total de 1.528 asuntos, un 3% más que el año anterior (55% de ellos relativos al Área de Transparencia y el 45% pertenecientes al Área de Protección de Datos) y ha resuelto 1.073 reclamaciones y denuncias en ese período. Así lo ha puesto de manifiesto el director del Consejo, Jesús Jiménez, quien ha comparecido en la Comisión de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa para presentar el Informe de Actuación 2022.

Jiménez ha querido comenzar su intervención analizando el nuevo escenario al que se enfrenta la autoridad de control, caracterizado por la irrupción de las nuevas tecnologías en la administración digital, realidad que “demanda una necesaria y exigente respuesta por sus implicaciones tanto en el ámbito de la protección de datos personales como en la transparencia pública”.

En este sentido, ha añadido que muchos de los asuntos tratados han evolucionado hacia este horizonte, así como la agenda institucional y otras iniciativas desarrolladas. Por tanto, el Consejo, como autoridad independiente de control, “empieza a sentar las bases de este desafío en el que el acelerado ritmo de las nuevas tecnologías no puede permanecer ajeno a las libertades y derechos de la ciudadanía”.

En palabras de Jiménez, “la inteligencia artificial, los procesos automatizados, la elaboración de perfiles y los algoritmos impregnan hoy día nuestras Administraciones Públicas y sus incuestionables beneficios deben vertebrarse con el derecho fundamental a la protección de datos personales”.

De esta parte, ha querido precisar que esta destacada transformación “no escapa a la rendición de cuentas”, de modo que nuestras ciudadanas y ciudadanos “piden conocer los procesos de decisión pública basados en algoritmos y analíticas de datos”.

Área de Transparencia

Por áreas, Transparencia registró 834 asuntos (715 reclamaciones, 82 denuncias y 37 consultas) y resolvió 993 reclamaciones y denuncias.

En Derecho de Acceso a la Información Pública, el perfil del reclamante correspondió en un 78% a personas físicas, siendo un 81%, hombres y un 19%, mujeres.

Analizando el perfil de los órganos reclamados, los entes locales superaron en 20 puntos la cifra del pasado año y aglutinaron el 69% de las reclamaciones -con Sevilla, Cádiz y Málaga de nuevo en cabeza-, seguidos de la Junta de Andalucía con un 24% y bajando ésta 20 puntos en relación al año anterior. Las consejerías más reclamadas fueron Salud; Agricultura, Pesca y Ganadería, y Educación Deporte.

Con respecto a las reclamaciones resueltas, ascendieron a un total de 891 (764 admitidas y 127 inadmitidas), que dieron lugar a 876 resoluciones, por resolverse algunas de manera conjunta. Más de 75% de las resoluciones fueron favorables al ciudadano, es decir, se vio amparado su derecho a recibir la información reclamada. Las cuestiones más reclamadas fueron aquellas relacionadas con personal, acceso a expedientes, urbanismo, contratación y servicios públicos.

De otro lado, en cuanto a los datos sobre el cumplimiento de las resoluciones de las reclamaciones en este período y al seguimiento de la autoridad de control en este procedimiento, el 72% de las resoluciones se cumplieron, el 1,3% se incumplieron y el 26% se encuentra en proceso de estudio, de modo que las instituciones y el sector público acatan los dictámenes del Consejo.

En el capítulo de Publicidad Activa se registraron un total de 82 denuncias, el 66% presentadas por personas físicas (80% hombres y 20% mujeres) y el 34% por personas jurídicas. De nuevo fueron las entidades locales los organismos más denunciados, con un 63%, porcentaje algo menos con respecto al año anterior -con Cádiz, Granada y Sevilla en los primeros puestos, seguidos de la Junta de Andalucía (8%).

En cuanto a las resoluciones, se emitieron un total de 102, siendo las cuestiones más denunciadas la inexistencia de publicidad activa, procesos selectivos, planes e información institucional y organizativa. Los datos de cumplimiento de las resoluciones indican que el 88% están ya cumplidas, frente al 15% que se han incumplido.

Área de Protección de Datos

El pasado ejercicio se registró en el Área de Protección de Datos un total de 694 asuntos, divididos en 238 reclamaciones por vulneración de la normativa (47% pertenecientes a la administración autonómica y 38% a la administración local), 212 comunicaciones de Delegados de Protección de Datos, 38 notificaciones de brechas de seguridad y 206 consultas.

En relación a las comunicaciones relativas a Delegados de Protección de Datos, un 92% respondieron a designaciones (el 86% de la administración local y el 14% de la administración autonómica), cifra que constata que aún muchas instituciones no contaban con esta figura dentro de sus organizaciones.

Las notificaciones de brechas de seguridad correspondieron un 55% a la administración local y el 45% a la autonómica. Con respecto a las consultas, de las 206, el 49% estuvieron relacionadas con la autoridad de control, el 24% con la legitimidad del tratamiento, el 22% a la responsabilidad proactiva y el 3% con el ejercicio de derechos.

De otro lado, se dictaron un total de 8o resoluciones, pertenecientes el 20% a ejercicio de derechos, el 36% a otras vulneraciones de la normativa y el 43% relativas a procedimientos sancionadores.

El Consejo, según palabras del director, continúa en “su esfuerzo permanente orientado en supervisar y garantizar el cumplimiento de las normas de protección de datos”. En concreto, mantiene sus actuaciones para lograr la designación de un Delegado de Protección de Datos en todos los organismos del sector público andaluz y ha arrancado una línea de actuación para verificar e impulsar el cumplimiento en proyectos con uso intensivo de tecnologías disruptivas que puedan suponer un elevado riesgo, tales como inteligencia artificial, reconocimiento facial o analítica big data por citar algunos ejemplos.

Igualmente, se encuentra en fase de elaboración el primer Plan de Control e Inspección sobre protección de datos en el sector público andaluz que tendrá como horizonte temporal 2023-2025, un plan que nace con una vocación eminentemente sensibilizadora y preventiva, con el objetivo de proporcionar orientaciones y directrices en el cumplimiento de la materia.

También se están desarrollando, tanto de forma independiente como de forma coordinada con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD y el resto de autoridades de control autonómicas, guías y herramientas específicas que faciliten a los organismos públicos su labor de garantizar el derecho fundamental a la protección de datos personales en los tratamientos que llevan a cabo.

Por lo que respecta a la actividad jurisdiccional del Consejo, en el ejercicio 2021 se iniciaron catorce nuevos recursos contenciosos-administrativos contra resoluciones del Consejo. Además, los diferentes tribunales dictaron un total de seis sentencias, todas ellas favorables a la autoridad de control.

En materia de género, se está promoviendo estrategias y vías de trabajo tendente a contribuir a la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso a los recursos y a la información en materia de transparencia y protección de datos. Entre las acciones que se van a poner en marcha destacan la difusión de la cartelería divulgativa del derecho de acceso a la información pública, la divulgación de las diferentes guías realizadas por el Consejo y el apoyo a la atención de aquellas personas cuyos datos se han obtenido y difundido ilegítimamente.

Proyectos

Jiménez también ha desglosado los diferentes proyectos puestos en marcha durante 2022, iniciativas tanto de carácter transversal como específicos de las áreas. El primero de ellos al que ha hecho referencia ha sido ‘Evalúa tu transparencia’, una herramienta que permite al sector público tasar el grado de cumplimiento de sus obligaciones de publicidad activa, es decir, si sus páginas web, portales o sedes electrónicas cumplen con las exigencias que marca la normativa y publican la información establecida en la Ley de Transparencia. Hasta el momento están disponibles los formularios para la Administración autonómica, Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos, Sociedades mercantiles y algunos organismos como el Consejo Consultivo, el Consejo Audiovisual y el Consejo Económico y Social.

Se trata de un formulario web que facilita la cumplimentación de un cuestionario de autoevaluación y cuyo resultado es un análisis cualitativo que permite comprobar su grado de adecuación a la legislación de transparencia a la vez que identificar áreas de mejora.

Por su parte, también se ha implementado el Canal interno de información, un canal que desarrolla las previsiones contenidas en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción cuyo objeto es atender denuncias por presuntas infracciones cometidas en un contexto laboral o profesional relacionado con el Consejo.

Este canal está diseñado y gestionado de forma segura, y garantiza la confidencialidad de la identidad del denunciante y de cualquier tercero mencionado en la denuncia. El formulario incluirá el nombre completo y datos de contacto (de forma voluntaria), la descripción de los hechos y la identificación de las obligaciones incumplidas.

Por último, ha hecho referencia al tercero de los proyectos desarrollados: el portal de datos abiertos, portal que se ha renovado otorgándole un nuevo impulso y poniendo a disposición de la ciudadanía una serie de conjuntos de datos abiertos de gobierno que se publicarán de forma abierta, regular y reutilizable para todo el mundo sin restricciones de acceso, copyright, patentes y otros mecanismos de control.

Con la publicación de estos datos, el portal fomenta la transparencia, la eficiencia y la participación ciudadana. Cuanto más transparentes sean las administraciones, más confianza se genera en sus instituciones, quedando a exposición pública el trabajo realizado y la gestión e inversión de los recursos públicos. El Consejo ofrece un total 16 conjuntos de datos divididos en seis grupos que aglutinan la información institucional y organizativa; los altos cargos; la planificación, evaluación y estadística; la información sobre procedimientos; los contratos, convenios y subvenciones; la información económica, financiera y presupuestaria; el área de transparencia, y la de protección de datos.

Accede al Informe íntegro.