El Consejo de Transparencia y Protección de Datos ha fijado como prioridades para los próximos dos años la asunción efectiva de la competencia en Protección de Datos, dando así cumplimiento al Estatuto de Autonomía y la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, la consolidación del organismo como entidad institucional y la mejora de la agilización del Área de Transparencia, tras el incremento vertiginoso en el número de reclamaciones y denuncias presentadas por ciudadanos.
Estas pautas se encuentran marcadas en el Plan de Actuación Bienal del Consejo 2017-2018, un documento que proporciona la planificación de la hoja de ruta a seguir durante ese periodo y que permitirá a instituciones, ciudadanía y sujetos obligados de la Ley a conocer las líneas de trabajo que se van a proyectar. Y todo ello con el objetivo de lograr un mayor grado de participación de la sociedad en los asuntos públicos para, de esta forma, avanzar más en transparencia.
Otras áreas que el órgano de control ha marcado como preferentes son aquellas relacionadas con la ciudadanía, la formación, la comunicación y las relaciones institucionales. En primer lugar, el Consejo intensificará sus relaciones con la ciudadanía poniendo a su alcance canales de comunicación e información a través de los que se activará su vinculación con la institución, siempre bajo la premisa de una comunicación directa y ágil. Para ello, se creará un apartado específico dentro del Portal web dedicado a la participación que facilite la colaboración y la interacción de una forma sencilla y directa.
En el capítulo de formación, la autoridad se fija una doble dirección. Por un lado, para sus propios trabajadores, sobre los que intensificará su formación en materia de legislación, atención al ciudadano, administrativa, transparencia y la protección de datos. Y, por otro, trasladar esa formación a empleados públicos y directivos de las administraciones locales y autonómicas, asociaciones y colectivos, organizaciones empresariales y sindicales o entidades privadas, colaborando para ello con las universidades públicas de Andalucía y con el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP).
Por lo que respecta a las relaciones institucionales, el Consejo continuará fomentando sus relaciones entidades de las materias competentes, tales como el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Agencia Española de Protección de Datos, las federaciones española y andaluza de municipios y provincias (FEMP y FAMP) o las entidades locales para definir actuaciones conjuntas.
Transparencia y Publicidad Activa
En el Área de Transparencia, con el fin de mejorar la gestión del procedimiento administrativo se desarrollarán dos tareas principales: la implantación de un sistema de información que dé soporte a la tramitación y gestión de las reclamaciones, desde su presentación hasta la notificación al interesado y publicación en la web del Consejo; y la adecuación de los actos y trámites a las exigencias de normativa vigente, para unificar y simplificar el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
También en este departamento está previsto elaborar un Plan Anual de Publicidad Activa con objeto de que la ciudadanía conozca la información relevante para garantizar la transparencia de los poderes públicos implicando así una actitud proactiva. En este ámbito, se continuará con la tramitación de los expedientes relativos a publicidad activa que, hasta la fecha, se han centrado en aquellos iniciados por denuncia.
Además, entre otras actuaciones que se van llevar a cabo destacan la aprobación de su Código Ético para transmitir los valores y principios que rigen su actuación; el impulso a los estándares abiertos, como una exigencia más de la transparencia; el desarrollo de un canal de información audiovisual, y una Guía de derechos del ciudadano para orientar a la ciudadanía en los derechos de este ámbito.
El Consejo
El Consejo es la autoridad independiente de control en materia de transparencia y protección de datos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, creado por la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía. Posee personalidad jurídica propia y plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones. Su objetivo se centra, por un lado, en velar por el cumplimiento de la normativa de transparencia pública, tanto en lo que se refiere a publicidad activa como a la defensa y salvaguarda del derecho de acceso a la información pública y, por otra, controlar el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales por parte del sector público andaluz.