El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha puesto en marcha una herramienta de autoevaluación que permite a la Administración autonómica y local tasar el grado de cumplimiento de sus obligaciones de publicidad activa, es decir, si sus páginas web, portales o sedes electrónicas cumplen con las exigencias que marca la normativa y publican la información establecida en la Ley de Transparencia.
Se trata de una herramienta web que facilitará la cumplimentación de un cuestionario de autoevaluación y cuyo resultado será un análisis cualitativo que permitirá comprobar su grado de adecuación a la legislación de transparencia a la vez que identificar áreas de mejora.
Esta herramienta, desarrollada a partir de la Metodología de evaluación y seguimiento de la transparencia (Mesta) -creada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno-, ha sido adaptada y ampliada conforme a la Ley de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA). La plataforma, testada ya por el Consejo para sus propias exigencias de publicidad activa, está diseñada para no almacenar ningún dato, de modo que el cuestionario web será totalmente anónimo. Por tanto, no existirá ningún tipo de control ni de valoración por parte del Consejo.
El Consejo ha elaborado dos primeros modelos, uno dirigido a la Administración autonómica de la Junta de Andalucía y otro destinado a la Administración local, que servirán de referencia para su adaptación a instituciones públicas específicas, tales como sociedades mercantiles, consorcios, etc., que cuentan con sus propias exigencias en esta materia.
El formulario está dividido en los distintos apartados de obligaciones de publicidad activa relacionados con la información institucional, organizativa y jurídica; altos cargos; planificación y evaluación; procedimientos y participación ciudadana; contratos, convenios y subvenciones, e información económica, financiera y presupuestaria (artículos 10 a 17 LTPA). De la misma forma, también engloba información institucional, organizativa y de planificación, de relevancia jurídica y económica, presupuestaria y estadística (artículo 6-8 Ley nacional de Transparencia y Buen Gobierno). Cada apartado se subdivide, a su vez, en distintas obligaciones.
Cada una de esas obligaciones se desglosa en diferentes ítems a evaluar, como por ejemplo si el contenido se publica o no, la fecha de actualización, la accesibilidad, la claridad, la comprensión o la reutilización. A partir de esas respuestas, y a través de unas fórmulas matemáticas, se consigue una información gráfica (mapa de colores) que permite identificar fácilmente aquellos apartados, obligaciones o atributos que pueden ser mejorados.
Así, cada entidad tendrá su propio cuestionario, formulario que ofrecerá unos resultados por diferentes códigos de colores (sólo conocidos por el órgano evaluado) que identificarán aquellos aspectos, a través de mapas de calor, en los que se observará sus debilidades o fortalezas, incumplimientos que podrán ser corregidos o reforzados por cada institución.
Con respecto a los resultados obtenidos, la herramienta genera cuatro tipos de informes con distinto tipo de detalle de resultados, que permiten conocer de forma fácil e intuitiva el mayor o menor grado de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa.
Una vez el sistema esté testado y puesto en práctica por parte del sector público autonómico y local, el Consejo trabajará, en una segunda fase, para formar parte de esa evaluación proponiendo correcciones y mejoras a las instituciones.
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