El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía pondrá en marcha este mismo mes de febrero el Plan de Control e Inspección 2018 que, dividido en cuatro líneas de actuación, se marca un doble objetivo: por un lado, examinar el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa del sector público y, por otro, establecer recomendaciones y mejoras para los sujetos obligados.

El lanzamiento del Plan supondrá un incentivo para que los sujetos obligados cumplan con los requerimientos que, en el ámbito de la publicidad activa, fija la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, ejerciendo para ello el Consejo las competencias que tiene asignadas en materia de seguimiento y control.

El Plan dará como resultado una aproximación del grado de cumplimiento en esta materia, que servirá para realizar un estudio con las pautas que deben seguir los entes públicos para cumplir la Ley, todo ello sin perjuicio de los requerimientos procedimentales y administrativos que se lleven a cabo para subsanar las irregularidades detectadas.

Las líneas seleccionadas surgen de la experiencia del Consejo durante sus dos primeros años de andadura, previéndose realizar inicialmente alrededor de 250 actuaciones.

Líneas de actuación

Una primera línea de actuación, dirigida a entidades locales y Junta de Andalucía, se centrará en examinar la publicación de documentos sometidos a información pública (ordenanzas municipales, actuaciones urbanísticas, aprobación de normas y actos administrativos) en la sede electrónica de la entidad competente. Para ello, el Consejo llevará a cabo verificaciones en los boletines oficiales provinciales y autonómico. De esta forma, se facilita la participación del ciudadano en la gestión de la vida pública.

El segundo eje pone el acento en aquellas entidades y organizaciones que perciban durante un año ayudas o subvenciones públicas superiores a los 100.000 euros procedentes de la Junta de Andalucía. El órgano de control se encargará de comprobar que toda la información de obligada publicación se localiza en un entorno web adecuado y accesible para la ciudadanía. Esta actuación se llevará a cabo sobre una muestra de las entidades sujetas a este cumplimiento.

La tercera línea abarca las federaciones deportivas, que la Ley andaluza las contempla como sujetos obligados a publicar sus actividades sujetas al derecho administrativo, tales como los procesos electorales o la información económica-estadística. Además, representan una particularidad de la legislación autonómica sobre transparencia.

Como cuarta línea, el Plan fija su atención en las universidades públicas andaluzas y en sus entidades instrumentales como las sociedades mercantiles de capital mayoritario universitario o las fundaciones. La actuación examinará la publicación de la información institucional y organizativa con objeto de que la ciudadanía pueda conocer el diseño de la estructura real de estas instituciones.

El Plan ha sido dado a conocer por el director del Consejo, Manuel Medina, durante la sesión de la Comisión Consultiva celebrada en Sevilla, reunión en la que se ha presentado el Informe de Actividad del cuarto trimestre, periodo en el que se han registrado 156 asuntos (reclamaciones de derecho de acceso a información pública y denuncias de publicidad activa) y se han dictado 46 resoluciones.

Con respecto a las reclamaciones de derecho a acceso a información pública, ha tenido entrada en el Consejo un total de 87, siendo el órgano más reclamado las entidades locales con un 53%, seguido de la Junta de Andalucía, con un 41%. Las resoluciones dictadas ascendieron a un total de 35. En cuanto a las denuncias de publicidad activa, en el periodo analizado se registraron 69, dictándose un total de 11 resoluciones.

El Consejo

El Consejo es la autoridad independiente de control en materia de transparencia y protección de datos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, creado por la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía. Posee personalidad jurídica propia y plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones.

Su objetivo se centra, por un lado, en velar por el cumplimiento de la normativa de transparencia pública, tanto en lo que se refiere a publicidad activa como a la defensa y salvaguarda del derecho de acceso a la información pública y, por otra, controlar el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales por parte del sector público andaluz.