El director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, Manuel Medina, ha participado hoy en Madrid en la reunión que organiza el Consejo estatal de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), encuentro que ha reunido a todos comisionados y organismos independientes de transparencia de las Comunidades Autónomas. El acto, que ha estado representado por el subdirector general del CTBG, Francisco Javier Amorós, en funciones de presidente, se enmarca dentro de las relaciones permanentes que mantiene el Consejo con los presidentes de los órganos autonómicos de garantía.

La reunión, marcada por la colaboración y el consenso entre los órganos con competencias en materia de transparencia, ha abordado cuestiones de interés común y temas más relevantes en el ámbito de la información pública. Para continuar por esta vía y profundizar en sus resultados, en el encuentro se ha acordado la implantación de un modelo de colaboración permanente basado en reuniones trimestrales y en creación de grupos de trabajo sobre aspectos de interés común.

En primer lugar se ha analizado la nueva competencia que la Ley de Contratos asigna al Consejo estatal y a las autoridades autonómicas al quedar obligados a emitir un informe sobre la prevalencia o no del derecho de acceso a la información pública frente las decisiones de los órganos públicos de contratación de aplicar cláusulas de confidencialidad a determinados datos de los anuncios de formalización de los contratos. En Andalucía esta tarea queda asignada, por tanto, al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la región.

En la reunión se han abordado también las modificaciones que propone introducir en la Ley de transparencia y, en algunos casos, en las leyes autonómicas de desarrollo, la Proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, presentada por el grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso y que actualmente se encuentra en tramitación.

Entre las modificaciones propuestas se encuentra la creación en el ámbito estatal de un registro electrónico de lobistas y lobbies de carácter público y gratuito, cuya gestión y control encomienda, en el ámbito estatal, al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. La medida, al ser norma básica, implicará la creación de un registro paralelo en las CCAA que aún no han legislado en materia de lobbies y la atribución de la gestión del mismo a los organismos garantes de la transparencia.

El Consejo

El Consejo es la autoridad independiente de control en materia de transparencia y protección de datos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, creado por la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía. Posee personalidad jurídica propia y plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones.

Su objetivo se centra, por un lado, en velar por el cumplimiento de la normativa de transparencia pública, tanto en lo que se refiere a publicidad activa como a la defensa y salvaguarda del derecho de acceso a la información pública y, por otra, controlar el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales por parte del sector público andaluz.