El presidente de la Diputación de Granada, José Entrena; el director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, Jesús Jiménez, y el director de la Fundación Democracia y Gobierno Local, Alfredo Galán, han inaugurado hoy la Jornada ‘Transparencia y Gobiernos locales’, un encuentro en el que han coincidido en defender la “importancia” del derecho de acceso a la información pública de la ciudadanía, un derecho cimentado en las democracias para promover la rendición de cuentas y la transparencia de la gestión pública.

Entrena ha insistido en la “importancia” de este tipo de foros para la reflexión, el análisis y la difusión de buenas prácticas en torno a la transparencia. “Además de poner en marcha las medidas que garantizan ese buen gobierno, abierto y transparente, es fundamental compartirlas, de manera que se produzca un enriquecimiento mutuo”, ha apuntado.

Además, ha recordado que unos de los compromisos de su Gobierno es “con la ejemplaridad pública” y que, gracias al trabajo de la Unidad de Transparencia y de todas las áreas de la institución, hoy la Diputación de Granada lidera el ranking de Dyntra a nivel nacional, con un índice de transparencia del 90,48%.

No obstante, ha señalado, “nuestra responsabilidad es seguir avanzando y mejorando porque la ciudadanía reclama información completa, precisa y veraz de las actuaciones que se llevan a cabo desde las administraciones”.

Por último, se ha referido al “reto organizativo, tecnológico y cultural que supone abordar esta cuestión en pequeños núcleos urbanos, que a menudo están alejados o diseminados”, y ha subrayado que la Diputación “va a estar ahí, ofreciendo respaldo y recursos” para que el conjunto de la provincia avance en materia de transparencia.

Para Jiménez, “la transparencia está inherentemente unida al derecho a saber de los ciudadanos, requieren estar informados y participar en las decisiones que les afectan”. Además, ha añadido que “con ello no sólo se atiende a un principio democrático o de equidad social, sino que también se encuentra al servicio de la mejora y eficiencia económica de la actividad pública o de interés público”.

De la misma forma, ha subrayado que el derecho de acceso a la información pública tiene mucha más importancia cuando, más allá de un fin en sí mismo, se constituye en instrumento para la realización o garantía de derechos fundamentales, como pueden ser el derecho de información y opinión, y para la rendición de cuentas en la realización de actividades de interés económico general, o en la prestación de servicios públicos esenciales en los que es la Administración la que debe garantizar su prestación.

Por ello, considera "necesarias" en las Entidades Locales unidades especializadas con funciones de coordinación, supervisión e impulso de la transparencia para evitar denuncias y reclamaciones ante los organismos y autoridades de control y, por tanto, reducir así la conflictividad en los tribunales contencioso-administrativos.

Por su parte, Alfredo Galán ha remarcado que “la transparencia administrativa, en relación con los Gobiernos Locales, es ya un tema clásico del que se viene ocupando desde hace tiempo la Fundación. Pero que sigue de actualidad y con retos nuevos, tales como su vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, con los objetivos de los planes de recuperación financiados con fondos europeos o con la digitalización de la administración.”

Tras la inauguración, la jornada ha continuado con la presentación del Anuario de Transparencia Local 2021, a cargo de Ramón Camp i Batalla, una memoria que es referente de las administraciones locales para la formación, divulgación y asesoramiento en materia de transparencia y derecho de acceso a la información pública.

Posteriormente, la profesora de Derecho Administrativo de la Universidad Pompeu Fabra, ha pronunciado una conferencia sobre el desarrollo desigual de la transparencia en la administración local.

Más tarde, el director del Área de Transparencia del Consejo, Israel Adán, ha presentado ‘Evalúa tu transparencia’, una herramienta de evaluación de la transparencia que permite a los sujetos obligados por la legislación, así como a la ciudadanía que esté interesada, tasar el cumplimiento de las exigencias de publicidad activa establecidas en la Ley. Se trata de un cuestionario dirigido a comprobar el grado de adecuación a las obligaciones de publicar, de manera periódica, determinada información pública en las sedes electrónicas, portales o páginas web, un formulario cuyo resultado será un análisis cualitativo que permitirá verificar el cumplimiento exigido por la normativa e identificar áreas de mejora a las administraciones.

Finalmente, en una mesa redonda se han dado a conocer, por parte de diferentes órganos de control, las buenas prácticas de transparencia en el ámbito local. En ella han intervenido la presidenta de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública de Cataluña, Elisabet Samarra i Gallego; el Director de la Oficina de Reclamaciones de Administraciones Territoriales del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España (CTBG), Gonzalo Gómez de Villalobos, y el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Ferrara (Italia), Gianluca Gardini.