El Gobierno andaluz ha aprobado el acuerdo por el que el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía asume las funciones en esta última materia. La decisión se adopta una vez finalizado el proceso de adaptación al nuevo reglamento de la Unión Europea, en vigor desde el pasado 25 de mayo. Las competencias ejecutivas que corresponden a la comunidad autónoma ha sido ejercidas hasta ahora por la Agencia Española de Protección de Datos.
El órgano independiente, creado por la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía, se encargará así de garantizar la protección de los datos de carácter personal que gestionan las instituciones andaluzas, las administraciones autonómica y local y las entidades dependientes de ellas, así como las universidades públicas de la comunidad. También velará por el cumplimiento de la normativa en este ámbito y los derechos que reconoce.
Una vez consolidada su actividad en los últimos años como autoridad independiente en materia de transparencia pública, el Consejo ejercerá las nuevas funciones de acuerdo con el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que fortalece la posición del ciudadano y amplía sus derechos. Entre otras novedades, esta norma establece la obligatoriedad del consentimiento inequívoco y explícito del interesado para el uso de sus datos, así como la garantía del derecho al olvido y la creación de la figura del delegado de protección de datos, figura creada en el Consejo el pasado mes de mayo.
El nuevo reglamento europeo también dota a los órganos de control de una mayor autoridad, al reforzar el régimen sancionador con multas administrativas que pueden llegar a los 200.000 euros o, si se trata de una empresa, alcanzar cuantías equivalentes al 4% del volumen de negocio anual del ejercicio financiero anterior.
El acuerdo aprobado hoy faculta a la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública para habilitar los créditos necesarios y realizar las adaptaciones de la relación de puestos de trabajo, con el fin de que el Consejo pueda hacer efectivo el ejercicio de las funciones asumidas.
El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía registró en 2017 un total de 767 asuntos relacionados con la primera de estas materias, duplicando así los 300 del año anterior. De ellos, 495 fueron reclamaciones de derecho de acceso a la información pública y 272, denuncias sobre publicidad activa. Las resoluciones dictadas en ambas materias alcanzaron la cifra de 198, frente a las 154 de 2016.