El director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, Manuel Medina, ha subrayado hoy las obligaciones de publicidad activa a las que están sometidas las entidades que perciban financiación pública superior a 100.000 euros o bien aquellas en las que el 40% de sus ingresos sean subvenciones públicas, requisitos establecidos en la Ley de Transparencia Pública de Andalucía.
Así lo ha manifestado Medina durante la comparecencia que ha impartido sobre transparencia y compliance (función que tienen las empresas para establecer los procedimientos que aseguren el cumplimiento normativo interno y externo) en el marco de una jornada organizada por el Grupo Especializado en Prevención del Blanqueo de Capitales y Cumplimiento Normativo del Colegio de Abogados de Granada.
De este lado, el director ha añadido que “en principio, las entidades con financiación pública deben publicar en sus páginas web datos tan sensibles como auditorías, retribuciones o indemnizaciones de altos cargos y directivos”.
Con respecto a las sanciones, Medina ha destacado la singularidad del régimen sancionador de la norma andaluza, siendo incluso más ambiciosa que la estatal. A este respecto, ha señalado que la legislación andaluza prevé para las entidades privadas multas “que pueden ir desde los 30.001 euros hasta los 400.000 euros, una de las sanciones más severas de las leyes existentes”. “Por ello, compliance tiene pleno sentido en las leyes de transparencia, son dos conceptos íntimamente relacionados”, ha remarcado.
Al hilo de ello, ha asegurado que la gestión de los riesgos normativos “será además más necesaria cuando entre en vigor el próximo 25 de mayo el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos”, fecha en la que el Consejo habrá asumido materialmente esta competencia.
Por último, el máximo responsable del Consejo se ha referido a la Proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes (en cuya comisión en el Congreso de los Diputados compareció como ponente-experto), norma que amplía las entidades sujetas a cumplir la Ley de Transparencia, señalando a aquéllas que superen los 60.000 euros de subvenciones públicas (frente a los 100.000 euros actuales) y el 30% de ingresos públicos (frente al 40% de hoy día).
El Consejo
El Consejo es la autoridad independiente de control en materia de transparencia y protección de datos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, creado por la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía. Posee personalidad jurídica propia y plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones. Su objetivo se centra, por un lado, en velar por el cumplimiento de la normativa de transparencia pública, tanto en lo que se refiere a publicidad activa como a la defensa y salvaguarda del derecho de acceso a la información pública y, por otra, controlar el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales por parte del sector público andaluz.