La petición se basa en el derecho a la información que ostentan los representantes sindicales en virtud de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, por lo que se hace evidente que la solicitud no tenía por objeto el ejercicio del derecho de acceso a la información pública tal y como se configura en la legislación reguladora de la transparencia, sino que era plasmación del derecho fundamental de libertad sindical, cuya tutela -como es obvio- no corresponde a este Consejo desempeñar.