La finalidad de la legislación reguladora de la transparencia no radica ciertamente en revisar si una determinada información debería o no existir, ni en enjuiciar la corrección jurídica de la eventual carencia de la misma; las
presuntas irregularidades o deficiencias de las que adolezca -en opinión de los reclamantes- la información proporcionada por la Administración deberán, en su caso, alegarse y hacerse valer en la correspondiente vía administrativa o judicial. Desestimada