El artículo 11 b) LTPA establece la obligación de publicar “Las retribuciones de cualquier naturaleza percibidas anualmente por los altos cargos y por las personas que ejerzan la máxima responsabilidad en las entidades incluidas en el ámbito de la aplicación de esta ley”.

El supuesto de hecho previsto en el precepto citado no sólo se extiende a las personas que tengan la consideración de “altos cargos” en las entidades incluidas en el ámbito de la aplicación de la Ley, sino también a aquellas otras que, no teniendo esta consideración legal, “ejerzan la máxima responsabilidad” en estas entidades.

Previsión que, por ejemplo, en el caso de los Ayuntamientos, engloba tanto a la persona que ostenta la Alcaldía como al resto de representantes políticos presentes en los mismos (Concejales), en tanto en cuanto corresponde a éstos su “[g]obierno y la administración municipal” (art. 19.1 LRBRL).

Al igual que en, el supuesto de entidades societarias, comprende a las personas máximas responsables de cada uno de los órganos de gobierno previstos en los Estatutos sociales; tal y como puede ser el caso de las personas titulares de la Presidencia (y Vicepresidencia, en su caso) de la Junta General, del Consejo de Administración, de la Dirección Gerencia o el Consejero-Delegado.